¿De qué lado está la ilegalidad? Cárceles en Venezuela

Desde que comenzaron los terribles sucesos de la cárcel “El Rodeo”, ubicado en las afueras de Caracas, me surgen varias reflexiones sobre lo que allí sucede. Lo primero que viene a la mente es ¿Qué clase de criminales son estos, que se imponen sobre sus compañeros, los someten, les cobran por un espacio para dormir, por seguridad, que además son dueños de una temeridad que raya en la locura, pues son capaces de enfrentarse al ejército de un país y resistir por varios días?.
Sin duda, siguiendo este orden de pensamiento, son unos seres peligrosos, que no sienten respeto por la Ley, los derechos de los demás y les importa nada la sociedad y la convivencia pacífica. Además, por lo que explican las propias autoridades, estas personas (que se hacen llamar “Pran”, acrónimo para “Preso, Rematado, asesino Nato”) están fuertemente armadas (armas de guerra, incluso), y lo que es más alarmante, muchos de los crímenes que aquejan a los venezolanos... se planifican desde esas instalaciones, utilizando internet, computadoras, teléfonos inteligentes, es decir, se valen de la protección de la cárcel y de la tecnología para seguir delinquiendo.
Entonces, es claro que los Pranes son unos forajidos, que merecen el peso pleno de la Ley...
No obstante, dentro de la maraña mediática alimentada por la polarización en Venezuela, existen una serie de aspectos que desentrañamos y que no pueden ser descartados. Lo primero es ¿Armas de Guerra?, como llegan Armas de Guerra a criminales que están pagando pena por sus faltas a la sociedad. ¿Cómo es que desde ahí organizan crímenes?, ¿Cómo es que cuentan con privilegios tecnológicos vedados para la mayoría que está fuera de esos espacios?
A estas preguntas, hay que agregar otras ¿Por qué viven 4000 almas en un espacio hecho para apenas 700? No hacen falta sociólogos, criminólogos o Abogados penalistas para entender que, si bien del lado de los presos hay actuaciones que violan la Ley y merece el repudio general; no es menos patente que de parte de las instituciones del Estado existe también un grado peligroso de, como llamarlo… ilegalidad… pues es el Estado, quien actúa al margen del ordenamiento jurídico, dejando por su cuenta y riesgo a quienes, juzgados por delitos, se supone que expiaran su culpa en esos lugares abandonados por Dios y por el hombre. Ya sabemos que estos antros no sirven sino para la más terrible degradación de quienes allí entran y en cuyo entorno los condenados casi que no tienen otra opción que convertirse en peligrosos y desalmados antisociales.
El problema carcelario (y la insensibilidad de la sociedad hacia el tema) no es nuevo. Ya en el pasado se sabía de hacinamiento, violación de derechos, presos que se defendían (o atacaban, según el caso) con “chuzos”… De hecho, por muchos años el infame “Retén de Catia” fue considerado el receptáculo del mal, a tal punto que el gobierno de entonces decidió su demolición, en lo que se anunciaba como nuevos tiempos en la política carcelaria. No obstante, el problema ya crítico devino en algo más cruento e inaceptable.
De esta crisis no puede venir sino una seria reflexión sobre el tema penitenciario. La sociedad en su totalidad no puede estar al margen de las discusiones para encontrar políticas que ayuden a la prevención, que se humanicen las cárceles, que se administre la justicia de manera recta y sin demoras injustificadas.